1-Introducción. En los últimos años hemos asistido a una gradual desintegración del régimen de comercialización de leche de consumo que rigió, con pequeñas variaciones, en nuestro País durante los últimos 50 años . A partir del Decreto-Ley 15640, que de hecho consagró el fin del monopolio de Conaprole y una especie de “competencia” regulada y culminando con el Decreto 129/008 que elimina la fijación del precio al productor, pero mantiene la fijación del precio al consumidor, se han ido procesando una serie de cambios, que apuntan a liberalizar el mercado de la leche fluida para consumo y en cierta manera, reconocen la nueva situación de una lechería cada vez más exportadora. El accionar del gobierno ha generado un escenario en el que, en la medida en que no se establecen parámetros claros y consensuados sobre el ajuste del precio, se ha producido una profunda distorsión que implica importantes transferencias de recursos desde el sector productor al sector consumidor.
2-El consumo de leche pasteurizada. Según datos de DIEA, el consumo de leche pasteurizada alcanzó en el año 2010, los 154 millones de litros con un crecimiento del 4% con respecto al año 2009. Analizando los datos disponibles de la última encuesta sobre consumo de alimentos en los hogares del INE encontramos que la leche pasteurizada es el producto lácteo más adquirido en los hogares uruguayos. Si desmenuzamos la información disponible encontramos que a nivel de 20% de la población de menores ingresos el consumo es de 147grs/día/persona, mientras que en el 20% superior ese consumo alcanza los 229 grs/día/persona, siendo la media 211 grs. Hay que resaltar que estamos hablando de leche pasteurizada entera, ya que en los hogares de mayores ingresos pasa a tener relevancia el consumo de leches descremadas, larga vida etc. También es importante resaltar que el consumo de leche cruda o “de tambo”, es muy importante sobre todo en el interior del País y más aún en las pequeñas localidades alcanzando los 34 grs/día/persona en promedio y los 54 grs/día/persona en los hogares más pobres.
3-La historia. Cuando en 1935 se aprobó la ley de fundación de la Conaprole, la comercialización de leche en el Uruguay atravesaba un perfecto caos de libre comercialización con productores que no cobraban su leche, desabastecimiento, dudosa calidad del producto y empresas que se fundían. La ley 9526 que creó la Cooperativa Nacional de Productores de Leche fue una de las más importantes formulaciones de políticas de estado con respecto al sector lechero que se hayan realizado en nuestra historia. En sus fines principales figuraba asegurar a la población el abastecimiento de leche para el consumo y para los productores la seguridad de la comercialización. Ya en esa ley se fijan los principios de la “leche cuota” y en leyes posteriores (9899, 10707, 15640) se reafirma y consolida un intrincado sistema de distribución y comercialización de los derechos sobre la misma, en lo que a los productores de Conaprole, se refiere. La ley 18242 que creó el INALE le pone entre sus cometidos estudiar y sugerir un sistema de comercialización de leche, cosa que hasta el momento no ha cumplido. El decreto 129/008 deja sin efecto a partir de marzo de 2008 la fijación del precio al productor, pero no elimina el régimen de cuotas vigente para Conaprole, por lo que, en los hechos, obliga a la Cooperativa a mantener su vigencia ya que, entre otras cosas, determina el número de votos por matrícula en la elección de las autoridades de la empresa. Al mismo tiempo, luego de más de 70 años de vigencia de la “leche cuota”, muchos precios relativos del sector se relacionan con el mismo. De ellos el más importante, sin lugar a dudas, es el de los arrendamientos en un sector que arrienda más del 50% de la superficie que trabaja. Al congelar el valor durante ya 3 años, se ha generado una importante distorsión de precios, en un momento en que la competencia por la tierra es particularmente dura.
3- Los beneficiarios y los perjudicados. De acuerdo a la situación actual la diferencia de precios entre la leche industria y la de consumo se encuentra en el orden de US$ 0,12 /lt lo que determina una pérdida de ingresos de US$ 1,5 millones/mes para los productores. Este traslado involuntario y coercitivo de recursos hacia el sector consumidor tiene, según ya vimos en el punto2, como principales destinatarios – más del 80%- a los sectores de medios y altos ingresos. Como un dato adicional, pero no menor, en el período considerado, los ingresos de los hogares uruguayos crecieron en el orden del 30%, estando actualmente entorno a los $32000/mes. Un aumento de $2 por litro, como el reclamado por los productores, implicaría a un hogar que consumiera 2 litros por día (más que el promedio) un gasto adicional de $ 120/mes o sea un 0,004 % de los ingresos. Desde el punto de vista de la inflación, la leche pasteurizada casi no tiene incidencia ocupando un 0,6185% del IPC, frente a un 26,0566 de los alimentos.
Como el sistema de cuotas continúa vigente, los productores más pequeños, que reciben una proporción más alta de leche cuota, son los más perjudicados. En el caso de Conaprole esa cifra alcanza a casi 500 productores, pero en casos como el de Coleme son el 100% de los productores perjudicados.
Desde el punto de vista de la industria, y sin entrar en un análisis de costos industriales, en un escenario de creciente competencia por la materia prima, aquellas industrias que no tengan compromiso de abastecimiento del mercado de leche fluida, podrán pagar un plus a sus productores o a quienes quieran captar.
4-Posibles caminos. La primer medida urgente y sin dilaciones debe ser un ajuste del precio de la leche de consumo no inferior a $2 que permitiría corregir hacia adelante, el desfasaje actual. En segundo término, pero no dilatado en el tiempo, deberíamos definir como País, que esquema de comercialización de leche pasteurizada vamos a seguir; mercado libre o regulado. Después de 75 años de mercado regulado no parece posible, en lo inmediato, un desregulación total y brusca del mismo. Aceptar un mercado regulado implica aceptar la existencia de reglas de juego consensuadas y un escenario en la ningún actor sea el “dueño” del precio. Las fórmulas de ajuste no deberían ser difíciles de encontrar un vez que exista la voluntad política para ello.
